Insistieron ante el Tribunal de Impugnaciones para que un fiscal no llegue a juicio por violencia de género

Este jueves se realizó una audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal en la causa que investiga al fiscal adjunto Fernando Andrés Salas por violencia de género.

La defensa, a cargo de Omar Uría y Lucas Sosa, apeló a la decisión que tomó semanas atrás la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper para que el también ex funcionario provincial llegue a debate oral.

Salas fue denunciado por su ex pareja y madre de sus hijas. Está acusado de amenazas y violaciones a órdenes de restricción hacia la mujer y las menores.

Ante la jueza, el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, la defensa y el abogado que representa a la víctima, Santiago Calderón Salomón presentaron un acuerdo para una suspensión de juicio a prueba, también conocida como “probation”. Se buscaba la extinción de la acción penal a cambio de que Salas se internara en una clínica psiquiátrica y realice tareas comunitarias.

Quien se opuso a esto, fue la defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Cappiello. Dopazo Samper se pronunció en línea con ella bajo el fundamento de que la víctima no está en condiciones de dar un consentimiento.

A partir de esa decisión, la próxima instancia es el control de la carga probatoria y luego el debate donde se busca que sea declarado culpable por amenazas en cinco oportunidades y desobediencia de siete órdenes judiciales. El pedido de condena es de dos años de prisión en suspenso.

Este jueves, ante el Tribunal integrado por Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Laura Molino, la defensa expuso los fundamentos de la apelación e insistió para que Salas no llegue al juicio. Sostuvieron que la determinación de la magistrada no tuvo fundamento y priva al acusado del derecho a ser representado.

El representante del ministerio Público Fiscal integra la lista de nombres que llegaron a la Justicia envueltos en polémica en 2022. El entonces gobernador, Alberto Rodríguez Saá, había impulsado la designación de 30 funcionarios sin haber pasado por las audiencias de evaluación técnica.

Bazla Cassina tuvo en cuenta que con el acuerdo se logra resolver el conflicto y que incluso había dialogado con la víctima.

Por su lado, Calderón Salomón entendió que “el hecho de internar a esta persona que se había demostrado que tenía trastornos psicológicos y psiquiátricos y que eso era la causa de la violencia, junto a un seguimiento y una restricción, le permite poder revincularse con sus hijas en el día de mañana”. “Era una solución que encontraba la víctima”, transmitió.

Torres Cappiello volvió a oponerse bajo el argumento de que la suspensión de juicio a prueba va en contra de toda la jurisprudencia, doctrina sobre perspectiva de género y la Convención de Belém do Pará.

Expuso que el consentimiento de la ex pareja no es libre porque tiene miedo y que la causa no puede quedar en “nada”.

Planteó que la única forma de que las hijas sepan que existió una responsabilidad del padre es una resolución judicial condenatoria, independientemente si es con o sin prisión.

Debido a la complejidad de la causa, el Tribunal de Impugnaciones emitirá su decisión por escrito en los próximos días.